La premisa básica de la cultura democrática se funda en la vieja idea ilustrada de proporcionar acceso universal, libre y gratuito o a precios asequibles (sobre todo para los más desfavorecidos) a los saberes y obras generadas a lo largo de la historia por creadores, pensadores, autores, intérpretes, investigadores, etc. Así se recoge en el artículo 27.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en el beneficio que generen”.
Las instituciones públicas clásicas que todos conocemos (escuelas, universidades, centros de investigación, museos, bibliotecas, archivos, teatros, conservatorios de música, centros culturales etc.) surgieron para facilitar ese objetivo: asegurar el pleno desarrollo de esa cultura democrática responsabilizándose de garantizar la producción, distribución, promoción y disfrute de la más amplia variedad posible de manifestaciones culturales.
Sin embargo, como Joost Smiers y Marieke van Schijndel señalan en su libro Imagine… No copyright, desde que los recursos culturales y las obras artísticas se consideran sobre todo mercancía y se miden por su valor de cambio, el copyright (derecho de propiedad intelectual) otorga a las grandes industrias de la cultura un control casi absoluto y abusivo sobre el uso y distribución de una parte cada vez mayor de producciones artísticas; y en consecuencia dominan el mercado de las películas, canciones, novelas, series de televisión, obras de arte, diseño y otras formas de creación. Gozan de un importante poder para decidir lo que vemos, escuchamos, leemos, vestimos, consumimos y, claro está, determinan también lo que no podemos. Cierta tendencia a la uniformización de contenidos se impone cada vez más sobre la diversidad cultural. De esta manera, parafraseando a Hannah Arendt, el derecho a tener derechos quedaría, sometido a la hegemonía del mercado.
Desde que las personas, más allá de su libre condición de ciudadan*s, son considerados solo como clientes consumidores por la ideología neoliberal, “la audiencia” se torna en objetivo fundamental de los consejos de administración de las grandes multinacionales del espectáculo y el ocio -aquellas que Adorno denominaba industria de la consciencia– que no dudan, con todas sus técnicas de marketing y de psicología social, en «imponer» los gustos colectivos y así limitar la diversidad de producción, distribución y acceso. No es casual que para Gramsci el lenguaje fuera una forma de concebir el mundo. Su apropiación es por ello parte del proceso hegemónico cultural, con el fin de construir una conciencia acrítica en la que prima cada vez más una concepción mercantil de la cultura. Como dice Ignacio Molano en Cuando hablan de cultura. El mito de lo cultural en el nuevo espacio público, dominan la fuente de gran parte de las creaciones de sentido y, en consecuencia, los espacios de intercambio social. Seguir leyendo «DEMOCRACIA Y ACCESO A LA CULTURA»
Santiago Eraso Beloki 