En la tradición filosófica, la Modernidad -el periodo que va del siglo XVI al XIX- se ha identificado con la preminencia de la razón humana, el empirismo y la autonomía del pensamiento frente a la tradición, la religión o la magia- y el poder político se entiende como “dominación” y “voluntad de poder”, que según Carl Schmitt se constituye en base a criterios de amistad o enemistad, organizados a partir de fuerzas afines o antagónicas.
Parafraseando a Enrique Dussel en Filosofías del sur. Descolonización y transmodernidad (Akal, 2022) desde que Europa conquista el Atlántico, al mismo tiempo que desarrolla la civilización capitalista, esa filosofía moderna blanca aparece como único saber universal ante las comunidades de un mundo colonizado y en extrema postración, con sus saberes intencionadamente devaluados. Esa gnoseología y epistemología académica, situada geopolítica, económica y culturalmente en un centro europeo, manipulará desde ese espacio privilegiado el conocimiento y la información del resto de las culturas que, de ese modo, pasarán a ser periféricas. Es decir, serán consideradas formas de vida y pensamiento menores, lo que dispone también una condición humana inferior.
Este eurocentrismo filosófico se arroga una supuesta pretensión de universalidad siendo en realidad un saber particular. Sin embargo -añade Dussel- esa aspiración idealista termina cuando integrantes de otras tradiciones filosóficas culturales toman conciencia de sus propias historias y del valor concreto de las mismas. Karl-Otto Apel, en un intento por definir las condiciones universales de la filosofía, en La transformación de la filosofía (1973-1976) planteó que la verdadera razón se encuentra en una comunidad de diálogo y no en los enunciados de un sujeto aislado. Desplaza el centro de la razón desde el sujeto individual hacia la comunicación intersubjetiva. Esto es, para que haya validez argumentativa -decía- es necesario reconocer a los demás humanos posibilidades simétricas de intervenir en la discusión y en la vida política. En el mismo sentido, Karl Marx propuso que, para que exista una verdadera comunidad de dialogo, también deberíamos producir condiciones de vida materiales referidas al valor y el crecimiento de la vida humana. Aceptar esa condición de universalidad sería la premisa fundamental del principio de fraternidad o de sororidad.
Por el contrario, proponer el principio de prioridad nacional para a acceder a los servicios públicos es simple y llanamente una llamada para señalar enemigos, para excluir, expulsar o eliminar a personas de cualquier comunidad. En 1970 es Sobre la violencia Hanna Aredt habló directamente de proscripción, o sea la separación de la pertenencia, y por tanto la pérdida de la identidad y de la propia condición de persona. No hay subterfugio ni eufemismo, llámense arraigo o patriotismo, que pueda ocultar el racismo y la xenofobia de semejante propuesta antidemocrática. Más concretamente, sería aporofobia clasista, puesto que esa discriminación se dirigirá sobre todo a los pobres, no tanto a los extranjeros ricos que siempre tienen recursos para costearse sus propios servicios privados.
Desde luego, esa prioridad nacional no se aplicaría nunca a feroces inversores –cada vez más numerosos en esta España inmobiliaria- aunque su piel les delate o su acento les señale como foráneos. Para esta derecha tan patriótica que se nos viene encima, estas personas jamás tendrán problema alguno con la dichosa prioridad nacional, al contrario, según su patriotismo de cartera, serán tratadas como ciudadanas de primera clase, aunque sean las que con sus inversiones especuladoras están inflamando el precio de la vivienda, de tal manera que para la población local sea prácticamente imposible adquirir una casa simplemente para vivir.
Puede parecer paródico, pero la aplicación de esa premisa nacional prioritaria también podría devolvernos a los tiempos del apartheid, es decir, tendríamos servicios y espacios segregados, leyes de pases, restricciones al voto o a cualquier tipo de participación social, política y cultural, con la consiguiente represión y cancelación de otros derechos ciudadanos. ¿Cómo se establecería el criterio selectivo en el acceso a los transportes públicos?, ¿habría un policía de la identidad en cada vagón o autobús urbano? ¿Se necesitará siempre presentar el DNI para poder asistir a una actividad en centros culturales públicos?
Cuando Simone Weil escribió El arraigo, también conocido como Echar raíces: preludio a una declaración de deberes hacia la humanidad nunca pensó que el arraigo se identificase con la nación, ni con la identidad. Ella se refería a la participación afectiva, a la capacidad de crear vínculos y relaciones humanas en comunidades capaces de asumir la plena integración de cualquiera con voluntad de aceptar responsabilidades y compartir vida en común. Tener arraigo no sería, entonces, un estatus legal, un derecho otorgado por el Estado, ni una nacionalidad concreta, sino una respuesta a las necesidades del alma -fundamentales para la salud mental y social-, a los deberes y obligaciones con el prójimo, la atención y el cuidado en comunidad, subrayó Weil desde su cristianismo radical. Ella desde muy temprano se identificó siempre con quienes en cada caso llevaban la parte peor: con los excluidos, los humillados, quienes padecían la injusticia o cargaban con la desigualdad, con la multiforme humanidad sufriente.
Hay, ciertamente, mucho de qué defenderse en este mundo de hoy- decía Rafael Sánchez Ferlosio en Cuando la flecha está en el arco, tiene que partir– pero lo último que uno querría tener que oír como defensa es ese grito “los buenos son los nuestros” que ya no puede ser más que una consigna de regresión a la barbarie y un llamamiento a la confrontación.
Santiago Eraso Beloki 