Cada nuevo curso escolar vuelven los debates sobre los diferentes modelos de educación y las formas institucionales que la sociedad tiene para acceder al conocimiento. La educación, tanto la que se adquiere en el ámbito de las relaciones privadas y familiares como en las sociales y en las instituciones formativas, es siempre un terreno de disputa ideológico, un campo de influencias políticas y un laboratorio para ensayar la organización de la sociedad. Las maneras de habitar el mundo se conjugan con el verbo aprender y, para ser más exactos, también con desaprender, en la medida que podemos poner en cuestión los saberes dominantes y las formas de vida heredadas.
Casi todas las organizaciones internacionales que reflexionan sobre el sentido de la educación en el mundo han llegado a un acuerdo unánime para definir su finalidad fundamental: garantizar que cada persona, sin excepción y sin exclusiones, desarrolle sus cualidades personales y potencias cognitivas para poder participar en igualdad de condiciones en la vida social y democrática. Sin ir más lejos, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) nos recuerda que es un derecho fundamental, un bien público y una responsabilidad colectiva, indispensable para el ejercicio de todos los demás derechos.
Durante décadas, las políticas sociales han estado encaminadas a la aplicación de este principio universal. El sistema público de enseñanza –como la sanidad, los cuidados comunitarios y la cultura- ha sido siempre el mejor instrumento para garantizar el acceso de las capas de población más desfavorecidas a los procesos de aprendizaje y formación. El gran proyecto de educación universal formulado durante el periodo de la Ilustración y sus diferentes implementaciones republicanas posteriores han tenido extraordinarios avances, pero también han sufrido importantes derrotas. El idealismo de aquellos preceptos universalistas se ha enfrentado a la cruda realidad del mundo y su materialidad clasista y racista. Todavía hoy, la desigualdad y la segregación escolar cumplen una función muy útil para legitimar y proteger intereses y privilegios de las élites sociales y económicas. Es evidente que la degradación paulatina de los servicios públicos en todo el mundo es el último capítulo de expropiación de bienes comunes implementados durante décadas por políticas progresistas.
Los últimos años, esta operación está afectando especialmente a la Universidad que, como dijo Jacques Derrida en Universidad sin condición (Trotta, 2002) debería ser el lugar de libertad incondicional donde poder cuestionar, investigar y decir lo que exige la búsqueda de la verdad. Escribió este texto para defender el papel de las humanidades y el pensamiento crítico, como las mejores herramientas para resistir ante cualquier tipo de dogma, presión política, económica y tecnológica. Para Derrida, la Universidad debe ser un espacio para generar conocimientos y a la vez poder problematizarlos, porque así se permite la irrupción de nuevas experiencias y posibilidades en el orden de los saberes. Si esta institución dejase de cumplir esta labor desaparecería uno de los principales espacios públicos en el que la sociedad puede explorar sus límites y pensarse a sí misma de manera radical.
Sin embargo, como se puede leer en Salvar la Universidad, defender la democracia. El ataque neoliberal contra la institución universitaria (Akal, 2025) recopilación de textos coordinado por Rodrigo Castro Orellana de la Universidad Complutense: “Las ideas que la modernidad consiguió instalar en la cultura a través de enormes esfuerzos del pensamiento y acción durante siglos hoy se descomponen ante nuestra mirada asombrada. La libertad se degrada en un grito de guerra que oculta el desprecio hacia el otro, los discursos que apuestan por la igualdad son perseguidos y descalificados sistemáticamente, y las prácticas de solidaridad entre los seres humanos resultan cada vez más escasas frente al auge de un individualismo totalitario. Por otra parte, el valor de la veracidad desaparece como consecuencia de engaños espectaculares que saturan las pantallas informativas”.
Esta publicación intenta mostrar, a partir del caso paradigmático de Madrid, la existencia de una compleja operación que acompaña al desarrollo del capitalismo contemporáneo en diferentes lugares del mundo y que produce la ruina de la Universidad pública como institución democrática. Se trata de un proceso devastador para la sociedad que se ejecuta mediante diversos mecanismos, unos más directos y evidentes, y otros más sutiles pero no por ello menos eficaces a largo plazo, que se van aplicando sin prisa pero sin pausa: infrafinanciación y asfixia presupuestaria; mercantilización mediante el aumento de tasas y matrículas y consiguiente endeudamiento del alumnado; precarización del cuerpo docente y de investigación; intervención directa en la autonomía institucional con la implementación de gobernanzas corporativas; subordinación del conocimiento a la demanda empresarial y al desarrollo de campus universitarios privados más adaptados a los intereses económicos de las élites.
La Universidad deja de ser así una comunidad democrática, autónoma, centrada en el conocimiento y en la formación de personas para convertirse en un laboratorio donde seleccionar y formar nuevas camadas de jóvenes encargados de conservar, con todas las herramientas sociales y científicas a su alcance, el dominio de las élites de las que surgieron. En cierto modo, se podría hablar de cierta “eugenesia social”, orientada a la lógica de la selección de clase y a la reproducción de las jerarquías de poder. También fue una preocupación de Zygmunt Bauman que Los retos de la educación en la modernidad líquida (Gedisa, 2010) ya apuntaba hace veinte años esa misma deriva: “la educación ha pasado de ser un proceso de formación de individuos reflexivos a convertirse en un conjunto de habilidades rápidamente adquiridas, adecuadas para adaptarse al mundo laboral que exige resultados inmediatos”.
Lamentablemente, como escribió Mark Fisher en Realismo capitalista (Caja Negra, 2016) este proceso se ha llevado a cabo con el beneplácito de los gobiernos internos de la propia institución, fuesen de derechas o de izquierdas. Como está ocurriendo con la sanidad, es un proceso de privatización que viene de largo para el que ha sido necesario legislar a favor de determinadas retóricas que predican los enormes beneficios de la colaboración público-privada, aunque en realidad esa palabrería es un subterfugio para que las empresas privadas puedan intervenir en la gestión económica y en el control de los contenidos académicos.
Parafraseando a Laura Llevadot, profesora de filosofía contemporánea de la Universidad de Barcelona, en el capítulo “Es la universidad una fábrica” de la mencionada recopilación, es en virtud de su incondicionalidad que la universidad es objeto de diversas furias apropiadoras. Instancias económicas y políticas quisieran concluir con esta posibilidad, la de cuestionar la institución, la economía y la política. El derecho a decirlo todo, y a decirlo públicamente, el derecho a decir la verdad a la cual se llega a través de una investigación, el derecho a investigar la verdad misma, su concepto, su posibilidad y sus condiciones de aparición pone en jaque a los que necesitan imponer su verdad única y autoevidente, es decir, a los fascistas, que lo son, aunque no porten banderas españolas y no se presenten como tales. Si, como afirma Derrida, la democracia es el único sistema abierto en el que se garantiza el derecho a criticarlo todo públicamente, incluida la propia democracia, su concepto, incluso su paradigma constitucional y la autoridad del derecho, si lo que define la democracia es, en definitiva, el derecho a poner en cuestión el derecho, entonces cualquier intento de eliminar este derecho, sea por la vía de la autoridad represiva, sea por la vía de la colonización económica, es totalitario. Por este mismo motivo la universidad es la garantía de la democracia y convertirla en una mera fábrica es una forma de abolirla.
Texto publicado en el número 54 de la revista Galde.
