Al parecer, como ocurrió en los años ochenta y noventa del siglo pasado, al albur del crecimiento económico, las instituciones públicas que dirigen el sistema cultural han decidido que una parte de los fondos destinados a paliar los efectos devastadores de la COVID-19 se asignen a la reconstrucción de infraestructuras. Mejor dicho, según se lee en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia del Gobierno de España, a medidas de conservación, restauración y puesta en valor del patrimonio cultural, que –como no- deberán impulsar, a su vez, medidas de ahorro energético y de sostenibilidad. En teoría, esta sería una loable misión, aunque sospecho que quizás nos podremos encontrar de nuevo con otro espejismo semántico, tan habitual en los discursos relacionados con la transición ecológica.
“¿Qué significa realmente restaurar?”, se pregunta Fernando Abad Vicente en Del patrimonio público al privado. El expolio de los bienes comunes (Ed. Muñoz Moya, 2021) donde, con algunos ejemplos, entre los que destaca la Operación Canelejas de Madrid covertido en un gran complejo de lujo, nos recuerda que, desde que, en el siglo XIX, el arquitecto y arqueólogo Eugène Violet-Le-Duc planteara por primera vez la importancia de proteger el patrimonio público, la polémica sobre los límites del concepto “restauración” nunca se ha resuelto del todo; y añade que entre las interpretaciones que han permitido las lábiles leyes de protección se han colado auténticos dislates arquitectónicos. Con subterfugios de todo tipo, en muchas ocasiones se han aprovechado las ambivalencias de las normas para seguir construyendo edificios de nueva planta, casi siempre camuflados por fachadas meramente escenográficas que esconden detrás su verdadero rostro: derribar el edificio para poder construir sin cortapisas.
Tras la profunda crisis económica y social del 2008, todo parecía indicar que los sectores financieros e inmobiliarios -sus principales causantes con el beneplácito y complicidad de las administraciones públicas- se detendrían a recapacitar sobre las consecuencias y, modificando algunas directrices de aquellas dinámicas, iniciarían una nueva etapa de relaciones más saneadas entre los bancos, el sistema de créditos y la industria de la construcción. De hecho, las grúas prácticamente desaparecieron de los horizontes urbanos y llegamos a pensar que cierta sensatez se impondría e iniciaríamos una nueva época en las que las políticas económicas de este país, tan ligadas al sector turístico-inmobiliario, se replantearía su futuro para vincularse con otros modelos producticos mejor relacionados con la transición ecológica. Pues no, al parecer las lecciones de la historia, en lugar de aprender de ellas, tan solo sirven para repetirlas en su versión empeorada.
Sin ir más lejos, tan solo hay que darse una vuelta por las costas de este país para comprobar, a sabiendas que es un mercado claramente inflacionista, que otra vez comienzan a construirse por doquier nuevas viviendas y segundas residencias sin tener en cuenta el grave impacto social que podría suponer esta nueva burbuja especulativa. Claro está: el Banco Central Europeo y los gobiernos locales correspondientes, aterrorizados por la crisis del sector y sin pararse a imaginar otras vías de distribución de las rentas y del trabajo o en otras alternativas, están inyectando liquidez a este tipo de economía sin mirar más allá de las políticas a corto plazo.
Hans Ibelings, miembro fundador de la revista A10 New European Architecture, y editor del diario digital The Architecture Observer (Montreal/Ámsterdam), en una reciente entrevista en La Vanguardia afirmó que la construcción es responsable del 40% del calentamiento global y, por tanto, afirmaba: “debemos promover una moratoria de la edificación en los países desarrollados –sobre todo Europa– porque ya no es necesaria.” Según este historiador de arquitectura, docente en la Facultad de Arquitectura, Paisaje y Diseño John H. Daniels de la Universidad de Toronto (Canadá), España es un ejemplo palmario de una economía de crecimiento vinculada a la construcción, según la cual progresar supone ocupar más metros de costa virgen y llenarlas de ladrillo y cemento; con el agravante –subraya– de que la industria de la construcción es en la actualidad tan solo otro un eslabón del entramado financiero especulativo. Es decir, la vivienda sigue siendo una extensión más de la bolsa de acumulación y, por tanto, deja de ser un bien de uso para convertirse, prácticamente, en mero objeto de cambio.
Reconozco que es un tema complicado donde convergen y divergen los límites de la responsabilidad política pública con la libre iniciativa privada, y tampoco quiero negar la importancia y necesidad de la rehabilitación de viviendas y del patrimonio público para mantener activo, en su justa medida, el sector de la construcción (por ejemplo aumentar el parque de vivienda pública, y no tanto el de promoción privada que vuelve a priorizar el aumento del patrimonio de las clases más privilegiadas).
Desde mi punto de vista, en el sector cultural estos tiempos no deberían ser para invertir más en re/construir equipamientos (seguro que también hay excepciones razonables y bien justificadas) que por sí mismos suelen ser los mayores beneficiarios de los recursos públicos. Creo que sería mucho más prioritario emplear esos recursos en las condiciones materiales de vida (por ejemplo, el acceso a una vivienda digna) y trabajo de las artistas, creadores y mediadores culturales de todo tipo, asociaciones, colectivos y empresas (por extensión el resto de trabajadors que también forman parte del sector) que dan sentido a las infraestructuras existentes, y que tras los recortes y reajustes económicos, causados precisamente por la crisis financiera-inmobiliaria del 2008, en muchos casos se vieron obligados a realizar severos ajustes en sus presupuestos.
