SUMAR DERECHOS PARA ENSANCHAR LA DEMOCRACIA

La palabra “democracia” se compone de otras dos de origen griego, demos, que significa “pueblo” y kratos que quiere decir, “poder” o “gobierno”. En su libro En las ruinas del neoliberalismo. El ascenso de las políticas antidemocráticas en Occidente (Traficantes de sueños 2021), Wendy Brown nos recuerda que, en contraste con los conceptos oligarquía, monarquía, aristocracia, plutocracia, tiranía, dictadura o gobierno colonial, democracia significa la capacidad de llegar a acuerdos políticos a través de los cuales el pueblo gobierna sus derechos y deberes.

Para esta eminente filósofa y politóloga, la igualdad política es la base de la democracia. Cuando esa igualdad está ausente o se destituyen los derechos constitucionales, sea por exclusiones específicas o por privilegios, por disparidades sociales o económicas extremas, el poder político se ejerce por y para una parte más que para el conjunto. De esa manera el demos deja de gobernar.

Sobre todo en países como el nuestro que viene de una larga tradición absolutista, la historia de la democracia es el testimonio mas fidedigno de la genealogía de los derechos humanos. Cuanto más se amplían y extienden por la sociedad, más calidad democrática. Y, al contrario, cuando se cercenan la democracia se debilita y muchos sectores sociales quedan expuestos a la exclusión o ven amenazados sus derechos con métodos coercitivos y autoritarios. Por eso tenemos que ser conscientes de que la conquista de los derechos siempre es potencialmente conflictiva. Para que la democracia tenga sentido y no se convierta en un significante vacío hay que aumentar cada vez más su radio de acción y combatir cualquier intento reaccionario para restringirla. 

Actualmente, las fuerzas ultraconservadoras y, a su lado, las ultraliberales están empeñadas en recortar muchos derechos conseguidos a lo largo de la historia en todo el mundo. También en este país, donde hemos tenido que salir a las calles para recordarles que nuestras vidas y cuerpos se opondrán a cualquier cancelación. Últimamente lo hemos hecho en defensa de la sanidad y educación públicas, de las pensiones, de los derechos laborales, del acceso a la vivienda, de los avances feministas, de los derechos de migrantes; hace unas semanas de los colectivos LGTBIQ+ y los últimos días hemos apoyado diferentes iniciativas en favor de la libertad de expresión. Siempre ha sido para defender la suma de derechos y contra las ideas que pretenden restarlos.

Por mucho que nos parezca incomprensible, es evidente que la reacción a las sucesivas crisis económicas -manifestaciones de las dificultades que el sistema capitalista tiene para seguir creciendo como hasta ahora- está produciendo en muchas democracias liberales una involución social hacia posiciones políticas retrógradas que, además, se argumentan desde el miedo y, lo que es peor, desde el odio. Cuando –dice Brown- los privilegios del estatus social, la masculinidad, la blanquitud o el nativismo –aquí seria el españolismo nacionalcatólico- se sienten amenazados, la reacción se convierte con facilidad en rabia contra la inclusión social y la igualdad política de los excluidos históricamente. Sin mencionar los regímenes autoritarios que, aprovechando la ola conservadora internacional, aumentan todavía más sus sistemas represivos.   

En España la confluencia de intereses electorales entre el Partido Popular y VOX, que ha ido creciendo gracias el traspase de parte del electorado más reaccionario del primero al segundo, ya ha empezado a mostrar en los gobiernos locales y autonómicos acuerdos explícitos contra la equidad, la libertad y la igualdad, es decir, contra los principios que dan sentido a los regímenes democráticos. Si triunfasen en las próximas elecciones legislativas, anuncian la supresión de otros derechos conseguidos las últimas décadas.

Ya han comenzado a señalar el camino: derogación de varios derechos recogidos en la última reforma laboral que afectan a los límites de los salarios mínimos, pensiones, rentas sociales etc. (por supuesto, neutralización de cualquier impuesto a grandes empresas o a la banca); liberalización y privatización de sectores estratégicos públicos; supresión de la ley de vivienda; intentos de modificación, de manera restrictiva y recentralizadora, en los avances de una posible estructura federal del estado o aplicación de medidas para impedir cualquier atisbo que reclame ampliación de competencias autonómicas y, por supuesto, nada en relación a un posible derecho a decir (alguna posición extrema ya reclama sin tapujos la abolición del estado de las autonomías y, exacerbando las posiciones más extremas en las posiciones nacionalistas, anuncia una peligrosa reactivación de confrontaciones identitarias); limitaciones en las políticas culturales y lingüísticas autonómicas, insistiendo otra vez en la recuperación de una identidad española monolingüe, católica y blanca; en consecuencia, no cabe duda que reforzarán los efectos segregadores y discriminatorios de la actual ley de extranjería para criminalizar, aun más si cabe, a las personas migrantes; reformulación de la ley de educación para favorecer el impulso de los modelos concertados y privados de enseñanza en todos los ámbitos y para que, de algún modo, se frene el proceso de secularización social; revocación de la ley de memoria histórica democrática o, en su caso, promoción de algún tipo de manipulación que camufle o blanquee el carácter dictatorial del franquismo; por supuesto, supresión de la ley de garantías sexuales y de igualdad LGTBI, incluida las medidas referidas a las personas trans; sin duda, adopción de medidas contra la ley que permite abortar libremente a las mujeres; por supuesto, también anulación de la ley de eutanasia para una muerte digna.  Del mismo modo, dejarán en al cajón de los recuerdos temas pendientes que debía abordar el actual gobierno de coalición, como la ley de seguridad ciudadana, conocida como Mordaza, que seguiría vigente para beneplácito de los sectores más favorables a todo tipo de medidas represivas sin el más mínimo control democrático, ni garantías jurídicas para las personas afectadas.

Eso sí, la cancelación de todos estos derechos contra la equidad, la libertad y la igualdad, que juntas, dan sentido a los regímenes democráticos, la llevarán a cabo diciendo que lo hacen respetando las reglas de la democracia al tener la legitimidad electoral que el sistema les otorga. No hay duda de que la democracia es un campo de batalla y, aunque el voto sea solo una parte de sus fundamentos, la participación e implicación ciudadana en la defensa de nuestros derechos es crucial para que se amplíen las potencias democráticas de la vida en común. En este presente marcado por el retorno de retóricas de seguridad y de políticas del miedo, bajo la apariencia de salvación, ya no sirve invocar a la libertad como si fuera un principio sagrado, sino como dimensión histórica de la experiencia individual -por supuesto- pero a su vez, y sobre todo, como fundamento vital de muchas y diferentes voces colectivas que nos levantamos contra la opresión.