El pasado mes de noviembre, en el marco del festival Literaktum, coincidiendo con la presentación de su último libro El silencio de la guerra(Acantilado, 2024) el Museo de San Telmo de Donostia/San Sebastián me invitó a mantener un diálogo con su autor Antonio Monegal, catedrático de Teoría de la literatura y Literatura comparada del Universidad Pompeu Fabra.
Tal vez, para comprender mejor el sentido del libro, convendría retrotraernos unos años atrás cuando publicó Como el aire que respiramos. El sentido de la cultura (Acantilado, 2022). Suele ser muy habitual escuchar que la cultura es un campo plenamente autónomo que se circunscribe a las bellas artes y sus manifestaciones clásicas -la danza, el teatro, la literatura, la música, la arquitectura o las artes plásticas y visuales, en toda su extensión-, también a los materiales intelectuales de los diversos campos del pensamiento o a los productos de las industrias culturales. Sin embargo, otros pensamos que, parafraseando a Raymond Williams, la cultura además de acoger esas formas de producción simbólica, es también un sistema de relación con el entorno natural y social que modifica y además da sentido a la experiencia humana. Tanto es así que, como Monegal subraya, nos parece imposible separar la cultura de lo que ocurre en nuestras vidas y en la sociedad y, a la vez, pensamos que sin ella es imposible cambiar las primeras ni la segunda. En fin, hablamos de ese viejo debate entre una concepción idealista de la cultura y otra materialista, incluso dialéctica, que se reproduce cada vez que hablamos del acceso a la cultura o de derechos culturales que, desde mi punto de vista, siempre deberían estar siempre vinculados a la justicia social.
Por otro lado, más allá de ese dualismo simplificador, siempre atravesado por vectores paradójicos que complementan o contraponen ambas visiones, muy a menudo, cierto idealismo nos empuja a pensar que la cultura, los avances en la educación o las creaciones de la sensibilidad artística son, en sí mismos, positivos y contribuyen a desterrar la barbarie. A pesar de que algo de verdad expresa esa afirmación, no podemos garantizar con absoluta certeza que exista una correlación entre conocimiento y moral. Aunque la historia se ha constituido a partir de grandes hitos culturales, a su lado también se han manifestado las peores manifestaciones de la barbarie. Fue Walter Benjamin, quien en Sobre el concepto de historianos legó la frase tantas veces repetida, pero no por ello menos ineludible y necesaria: “no hay documento de cultura que no lo sea, al tiempo, de barbarie”
Parafraseando a Juan Manuel Moreno y Lucas Gortazar en Educación universal. Por qué el proyecto más exitoso de la historia genera malestar y nuevas desigualdades(Debate, 2024) se podría afirmar que el proyecto de educación universal es otra de las grandes ideas ilustradas que ha tenido un recorrido histórico cargado de potencia emancipadora, pero a la vez ha sido un terreno en disputa en el que también se refleja la complejidad del mundo y los diferentes intereses sociales.
Con el nuevo comienzo del curso escolar han vuelto los comentarios sobre la situación y la calidad de la enseñanza. Casi todas las personas tenemos hijos, nietas, familiares o amigas en procesos de formación o que forman parte del sistema educativo. La opinión pública , dicen los autores, suele estar dividida entre descontentos o desencantadas y optimistas o entusiastas, ya que el sistema escolar es un espejo perfecto de nuestra sociedad. El panorama de contraposiciones va desde las personas que entienden la enseñanza como una potencia social emancipadora y piensan que, para combatir las desigualdades, los avances del gran proyecto ilustrado de educación universal necesita más recursos públicos; hasta las que, en el otro extremo, defienden en primer lugar sus intereses privados –posición social, valores particulares o religión– y desearían que el sistema privilegiara a los más aventajados –seguramente los mejor situados en la escala social– dejando atrás a los más débiles –casi siempre las personas de menos recursos– o incluso, segregara a mujeres y hombres, para fomentar currículos específicos.
Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto. Fuga 2023
Mas allá de dicotomías simplificadoras, en las puertas de los colegios, en los claustros de profesores o en los medios de comunicación hemos vuelto a escuchar por enésima vez comentarios sobre si la educación en España es mejor o peor que hace unas décadas; si los resultados académicos mejoran o empeoran; si los jóvenes actuales están más o menos preparados o si hacen los esfuerzos suficientes; si es más eficiente la educación pública que la concertada o la privada; si las maestros o profesoras deben tener o no plena autonomía de enseñanza respecto a los valores familiares y al derecho de los padres a influir en la educación; si se pueden mostrar símbolos religiosos en las aulas o si algunas vestimentas son más o menos pertinentes. Las opiniones sobre la lista de cuestiones que atraviesan el sistema escolar es también un reflejo de nuestras posiciones políticas.
Desde hace unas décadas, en diferentes lugares de mundo, incluida Europa, las fuerzas políticas más reaccionarias y explícitamente ultranacionalistas y racistas están recibiendo cada vez más apoyo electoral. En las últimas elecciones regionales alemanas ya han alcanzado el treinta por ciento de los votos, las mismas cifras con las que en los años treinta del siglo pasado el Partido Nacional Socialista de Hitler comenzó a gobernar. Después ya sabemos lo que ocurrió. Aunque las circunstancias no son las mismas y las posiciones estratégicas de sus políticas no puedan compararse, lo cierto es que resurgen de las cenizas de la historia los viejos fantasmas del fascismo y el nazismo, pero a su vez otros como el neofranquismo en España, formas posestalinistas o neozaristas en el Este de Europa, como la Rusia de Putin o la Hungría de Orban, islamistas fundamentalistas o derivas autoritarias del neoliberalismo, como en EE. UU. con Trump o en Argentina con Milei. Detrás de todas esas formas de la política, aparecen las sempiternas proclamas al orden, a los “propios” valores y virtudes; a la seguridad y a la identidad nacional o al orgullo racial y patriótico; a la estabilidad en el trabajo y el bienestar de “los nuestros” frente a “los otros”; a las creencias religiosas del lugar; o a los roles tradicionales de género, es decir el binarismo hombre/cultura-mujer/naturaleza y, en consecuencia, la familia heteronormativa.
Los discursos apelan, casi siempre, a una especie de fantasmagoría romántica de un “tiempo perdido” donde se supone que alguna vez esas figuraciones idealistas existieron como realidad. En las primeras páginas de su reciente El tiempo perdido. Contra la Edad Dorada. Una crítica del fantasma de la melancolía en política y filosofía(Arpa, 2024) Clara Ramas escribe que hoy tenemos una epidemia de “nuevos melancólicos a la busca del objeto y el tiempo perdido”. Melancólicos que se consideran a sí mismos la voz de la verdadera autenticidad de “ser”. Según ellos, esa supuesta autenticad les ha sido arrebataba por fuerzas del desorden ideológico posmoderno, el feminismo queer, la cultura woke de la diversidad, la teoría de la raza,el globalismo o las migraciones.
Para esta profesora de la Universidad Complutense de Madrid y autora también de Fetiche y mistificación capitalista. La crítica de la economía política de Marx(Siglo XXI, 2021) en España la voz de esos adalides de la autenticidad goza de gran presencia e impacto social, político, mediático y cultural, y son cada vez más influyentes en el imaginario electoral de la ciudadanía. Con matices ideológicos, algunos más escorados a la derecha y otros a la izquierda comparten una certeza: la melancolía respecto del «objeto perdido». Según la profesora Ramas “se les escucha argumentar tesis como las siguientes: el bipartidismo administraba una forma estable y respetable de política; los nuevos partidos han introducido polarización y odio en la esfera pública; antes teníamos una España unida; se están perdiendo los valores; tanta libertad es más bien libertinaje; la ideología del progreso está politizando y disolviendo todo lo valioso; se vivía mejor antes, en la generación de nuestros padres; otras culturas preservan formas de vida sólidas y sustanciales articuladas por valores tradicionales, religiosos, mientras que el globalismo consumista turbocapitalista ha destruido a Occidente; el feminismo, el ecologismo y el antirracismo han caído en la trampa de la diversidad y se dedican a hacer política para minorías o identidades en lugar de defender a la clase trabajadora; la izquierda se ha vuelto woke y posmoderna y ha abandonado la verdadera lucha de clases; la «ideología queer» efectúa un borrado de las mujeres definidas por sus cromosomas, sus hormonas y sus genitales, es decir, por su «biología»; la lucha LGTBIQ+ es ajena al feminismo, que se ocupa del sujeto «mujer», la lucha por la igualdad era legítima, pero, últimamente, el feminismo está yendo demasiado lejos (como precisamente insiste el feminismo transexcluyente); ser varón, blanco, heterosexual constituye una identidad perseguida y en peligro”.
Estos tiempos melancólicos, como enuncia desde el mismo título el libro de Wendy Brown, serían Tiempos nihilistas (Lengua de Trapo y Círculo de Bellas Artes, 2023) son tiempos en los que las coordenadas filosóficas, sociales, económicas, ecológicas y políticas del valor y los valores están profundamente desestabilizadas y, como consecuencia, estamos observando el ascenso de fuerzas ferozmente antidemocráticas que, ante el miedo a la pérdida de esos valores fundamentales, se reafirman abiertamente en regímenes autocráticos o teocráticos, en exclusiones violentas o en supremacías raciales, étnicas y de género. Según esta profesora de la Universidad de Berkely, “estos valores y tradiciones están saturadas asimismo de las mismas suposiciones e ideas que generan muchos de nuestros problemas actuales: desde antropocentrismos imprudentes y humanismos racistas y sexistas hasta concepciones objetivistas del conocimiento, descripciones del trabajo que excluyen los cuidados o una “naturaleza” convertida en mero material pasivo. […] Incluyen también formulaciones del tiempo y el espacio que reniegan de sus muy a menudo violentas implicaciones excluyentes, depredadoras o coloniales”.
Nota: texto publicado también en ctxt.es el 4 de septiembre.
Desde que a mediados de los años setenta fui responsable de la biblioteca pública municipal de mi pueblo, Tolosa, y unos años después primer director de la Casa de Cultura Antonio Maria Labaien Kultur Etxea hasta la reciente presentación del Plan de Derechos Culturales, promovido por el actual Ministerio de Cultura, la cuestión del acceso y democratización de la cultura es el tema y la preocupación más recurrente entre las personas que nos dedicamos a la gestión cultural.
Es cierto que se ha avanzado mucho en la ampliación de derechos, pero seguimos constatando que aún falta mucho por hacer. ¿Por qué, a pesar de todos los esfuerzos institucionales, planes estratégicos, congresos, laboratorios, etc., hay tanta gente que se queda al margen de lo que entendemos por cultura? ¿No será que cuando afirmamos el derecho a la cultura, con demasiada frecuencia, olvidamos enunciarlo junto a la exigencia de otras políticas económicas que amplíen la justicia social? ¿No será que seguimos pensando esos derechos como si el sistema cultural fuera autónomo e inmune a la economía capitalista en la que se inscribe y desdeñamos que reproduce los mismos mecanismos de desigualdad y genera las mismas lógicas de segregación y exclusión, incluidas las propiamente culturales?
Casa de la cultura de Tolosa
Las instituciones culturales -sean las que sean en su extensa diversidad y condición económica- no son entidades separadas de la vida, más bien son campos dialécticos donde se dirimen formas opuestas de concebirla. Aunque cierto idealismo nos haga pensar lo contrario, no están aisladas de la realidad, de su dinamismo y composición social, sus problemas humanos, tensiones políticas y encrucijadas culturales. Si la pretensión es ensanchar los derechos culturales, abrir más las instituciones, hacerlas más permeables, escuchar mejor todo lo que las circunda, deberíamos aceptar, de partida, la condición expuesta de cualquier experiencia cultural y asumir que siempre están afectadas por el contexto social y económico en las que se inscriben para, de ese modo, poder aplicar políticas de redistribución más justas y equitativas.
Soy consciente de que ni el Ministerio de Cultura, ni los departamentos culturales de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos, y mucho menos las instituciones culturales que de ellos dependen, tienen potestad para modificar el sistema económico y aplicar otras políticas de redistribución de las rentas del capital y del trabajo o derogar la ley de extranjería -por poner dos ejemplos de discriminación social. Sin embargo, sí tienen responsabilidad a la hora de exigir a los gobiernos correspondientes otras políticas que puedan atenuar las dificultades que numerosas personas tienen para participar o ser activas en la “vida cultural”, por lo menos como la entendemos desde las convenciones del sistema (dicho sea de paso, la diversidad de formas culturales existe más allá de las instituciones y se manifiestan a través de sus propias dinámicas, muchas veces alejadas o, al margen, de las propuestas hegemónicas).
Políticas que, como está tratando de implementar con muchas dificultades el actual gobierno, impliquen contratos dignos y salarios justos, cumplimiento de las leyes vigentes sobre duración de las jornadas laborales, reducción del tiempo de trabajo, ampliación de rentas sociales (mejora de las pensiones y del ingreso mínimo vital o, yendo más allá, la puesta en marcha de la renta básica universal), para poder reducir la pobreza, mejorar las condiciones de vida y, de ese modo, ensanchar las potencias de la subjetividad creativa. Políticas económicas que, del mismo modo, acompañen a políticas fiscales que deberían favorecer a los más débiles de la cadena productiva y exigir más a los que más acumulan o concentran capital y recursos.
Me refiero a políticas que defiendan a los sectores más frágiles y desprotegidos del tejido social y creativo. Políticas que incentiven más las iniciativas pequeñas y distribuidas en el territorio, con el apoyo a asociaciones, cooperativas, colectivos o pequeñas empresas, eventos y festivales, etc. y menos a los macro eventos centralizados. Alguna vez he comentado que más valen diez mil actividades para cien o mil personas que cien macro eventos para cien mil.
A pesar de todas las evidencias científicas, constatadas por demostraciones empíricas, cualquiera tiene la potestad de seguir pensando que el planeta Tierra es una interminable planicie, pero ese derecho no implica razón. Nadie puede negar a ningún semejante la capacidad de creencia o de fabulación, porque los seres humanos, como bien describió Nancy Huston en su libro del mismo título, somos La especie fabuladora, pero, a la vez, también tenemos facultades racionales para perseguir la verdad y reconocer las falsedades.
Podemos emitir opiniones, como este mismo artículo, o discrepar de su contenido, incluso publicar en las redes sociales cualquier tipo de información falsa, sin embargo, esas mentiras no generan conocimiento. Para que así sea, la información debe tener carácter fehaciente o forma alética, (para los filósofos griegos, la alétheia era el concepto que remitía a la sinceridad de los hechos, a la honestidad, a la buena fe, a lo que es evidente). Es decir, para que exista conocimiento, la información debe estar siempre compuesta de datos correctos y significativos, verosímiles, válidos y fácticos, aunque, por supuesto, estos puedan sean refutados, discutidos o rebatidos. Alguien puede creer que está convencido de algo y otra persona, con razón, hacerle ver que está equivocada pero en la dialéctica, a pesar de todo, la verdad se persigue. Por el contrario, la denominada “posverdad”, en esencia, es información errónea que se lanza con intención explícita de crear confusión y alterar el principio de veracidad. Se miente intencionadamente para crear confusión y enturbiar la veracidad de los hechos. De ese modo, se crea un caldo de cultivo propicio para los bulos. El terreno más fértil para las confrontaciones civiles es la pérdida del sentido común y de la razonable convivencia en la diferencia y el antagonismo.
Sin ir más lejos, uno de los giros de las derechas reaccionarias europeas y de la española, cada vez más presionada por la extrema derecha, es camuflar, blanquear, incluso negar la memoria histórica (unos de los casos más alarmantes son las opiniones de algunos miembros de Alternativa por Alemania, un partido ultranacionalista con tendencias racistas y xenófobas, que rechazan la trascendencia del holocausto perpetrado por los nazis contra los judíos). Es un peligro para la vida democrática en común abandonar el cultivo del buen criterio en el uso de la capacidad de juicio individual y, por supuesto, poner en cuestión de forma despreciable los acuerdos académicos –admitidos por la práctica unanimidad de profesionales de prestigio─ sobre los hechos históricos y los acontecimientos de nuestra memoria todavía viva. El derecho a la información veraz es también derecho al conocimiento, sin el cual no hay política democrática, ni plausible vida en común.
Por mucho que se empeñen los negacionistas de la memoria histórica, existen hechos que no se pueden negar. Como dice Emilio Silvia, presidente de la Asociación para la recuperación de la memoria histórica nadie puede poner en duda que el pasado catorce de abril se conmemoró el comienzo del periodo histórico, reconocido como Segunda República española. Tampoco negar que fue un régimen constitucional y parlamentario, con alternancia en el poder de tres gobiernos de diferente signo político, incluido uno de centro derecha. Es decir, que, como corresponde a cualquier régimen instituyente, con los aciertos y errores que se pudieran cometer, fue una democracia plena en el sentido que la tradición liberal parlamentaria le ha dado al término, perfectamente homologable a la actual, por mucho que desde determinadas posiciones ideológicas se empeñen en deslegitimarla, como lo hicieron en su época hasta conseguir que las fuerzas reaccionarias antirrepublicanas dieran un golpe de Estado militar, con el apoyo de los poderes económicos que no estaban dispuestos a perder privilegios.
Así que tampoco se puede negar que el dieciocho de julio de 1936 tuvo lugar una sedición militar o golpe de estado contra el gobierno constitucional de la República que condujo a la Guerra Civil. A pesar de los vanos intentos de borrar la memoria de aquellos hechos por parte de las fuerzas más reaccionarias del actual espectro político, nadie en su sano juicio puede negar que una vez finalizada la guerra se instauró un régimen antidemocrático, reconocible como una dictadura militar muy influenciada por el nacionalsocialismo alemán y el fascismo italiano. Como en casi todos los regímenes autoritarios, en esos cuarenta años de la historia de España, de gobierno ultranacionalista y católico bajo la dirección de Franco, su líder plenipotenciario, hubo una concentración de poder en los grupos sociales y económicos que apoyaron el golpe de Estado, a la vez que supuso una continua persecución y represión de todas aquellas personas que se opusieran al régimen. Esa tiempo de la historia de España se conoce como dictadura franquista.
Para neutralizar el olvido y evitar la reproducción de los episodios más trágicos de la historia, La Ley 20/2022 de Memoria Democrática persigue preservar la memoria de las víctimas de la Guerra y la dictadura franquista, a través del conocimiento de la verdad, el establecimiento de la justicia y el fomento de la reparación, así como la constitución de un deber de memoria de los poderes públicos para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política o totalitarismo. Además, condena por primera vez el golpe militar de julio de 1936 y la dictadura, asunto que hasta ahora se había soslayado, incomprensiblemente, en los diferentes gobiernos que se han sucedido en este último ciclo de gobiernos democráticos.
Francia fue una de los primeros grandes imperios modernos europeos. Desde el siglo XVI desplegó su dominio militar, económico, social y cultural sobre vastos territorios de América del norte y del sur, como de Asia. En la última fase colonial, ya hacia finales del siglo XIX, su presencia se extendió por gran parte de África occidental: Malí, Túnez, Marruecos, Senegal, Mauritania, Benín, Níger, Chad, Nigeria, Togo, Camerún, etc.
Una parte substancial de la riqueza, el progreso social y el desarrollo económico de Francia se debe a su historia colonial. Es decir, si en la actualidad es una de las naciones más poderosas del mundo es porque durante varios siglos impuso su dominio para apropiarse de tierras, extraer sus recursos, someter a la población, esclavizarla y, en largos procesos de explotación social y migraciones forzosas, convertirla en mano de obra barata para los sucesivos ciclos de industrialización y desarrollo económico de la metrópoli, el Estado francés. Sin toda esa fuerza laboral y vital –en la que se incluye la reproducción social de los cuidados, asumida por las mujeres que fueron llegando a lo largo de continuos procesos de reagrupación familiar─ sería impensable la actual economía de Francia y, mucho menos, su diversidad cultural, cuya sustancia constitutiva es intrínseca a la república francesa.
Aunque estos datos sean irrefutables, en las últimas elecciones mas de diez millones de personas, uno de cada tres franceses, han votado a favor de Agrupación Nacional, fuerza política profundamente nacionalista y euroescéptica que, mediante medidas de discriminación positiva en el acceso a la vivienda, al empleo y otras ayudas públicas, enarbola programas que, sin disimulo, dan prioridad a la “ciudadanía francesa” frente a la “extranjera”. A esas propuestas, con evidentes sesgos racistas, se añade de manera explícita una agenda antinmigración dirigida a evitar la llegada de más personas procedentes de otros lugares del mundo y a dificultar la legalización de las que no tengan documentos que les acredite la nacionalidad, incluso expulsándolos del país. Es una agenda política que reproducen la mayoría de los partidos ultraderechistas que están reemergiendo en Europa y cada vez más las fuerzas liberales y conservadoras.
Precisamente, por ese largo proceso colonial y otras políticas de movilidad migratoria, un 25% de la población francesa procede de diferentes lugares del mudo. Alrededor de quince millones de personas, integradas en su tejido demográfico tras un largo proceso histórico, son parte constitutiva de la república. A partir de esa realiad inapelable se concluye que, les guste más o menos a algunos recalcitrantes “blancos” racistas que persiguen la reconquista de una nación de ciudadanos de “sangre pura”, la diversidad de colores de piel de las francesas y franceses es una amalgama de vidas, de largo aliento histórico y profunda dignidad humana.
No hay que mirar muy lejos para darse cuenta de que la realidad es mucho más tozuda que el inventado idealismo ultranacionalista de los visionarios racistas de siempre, peligrosos y violentos que vuelven a enarbolar las banderas fanáticas del odio. La diversidad de las formas sociales es estructural a la condición francesa y también a la europea. Estos días, en los que se está celebrando la Eurocopa, el torneo internacional de selecciones nacionales de fútbol, es fácil comprobar que una gran parte de los equipos de los países constituidos a partir de su historia colonial se nutre de futbolistas que pertenecen precisamente a ese fundamento histórico. Podría decirse que la mayoría de los componentes del equipo francés tiene ascendientes africanos y, quizás, muchos procedan de familias de extracción social humilde.
Como dice Asad Haider en Identidades mal entendidas. Raza y clase en el retorno del supremacismo blanco, (Traficantes de sueños, 2020) las estructuras de opresión del racismo y el patriarcado son indisolubles del orden económico y social. La raza como categoría general es una abstracción que la historia ha introducido en nuestras cabezas y constituye una manera errónea de entender la diversidad de los seres humanos. Si creemos que la raza es real y seguimos enmarcando las presencias transnacionales únicamente en debates sobre la identidad o el multiculturalismo, invisibilizamos las verdaderas relaciones económicas, sociales y culturales que producen el racismo. En este sentido, deberíamos entender que, más allá de la diversidad cultural, los regímenes de racialización son reales en tanto son el resultado de hechos históricos y sociales que crean la noción de inferioridad y superioridad y, en consecuencia, generan estructuras institucionales de exclusión, subordinación y violencia que perduran hasta el presente.
Por mucho que Agrupación Nacional se invente concepciones puristas de una supuesta nación fundacional o pretenda reconducir el malestar social hacia políticas del odio, especialmente dirigidas a la población musulmana, nada ni nadie puede eludir la condición heterogénea de Francia, producto de un largo proceso histórico cuya complejidad social es el verdadero fundamento del Estado republicano, de cualquier Estado.
Santiago Eraso Beloki 