El periódico Diagonal nos cuenta que grupos por el acceso universal a la salud celebran la sentencia del Tribunal Supremo indio contra Novartis por facilitar el acceso a tratamientos farmacéuticos en los países empobrecidos.
A partir de esta información, adjunto este texto, titulado Patentes, que en el año 2007 publiqué en el Diario Vasco:
Las patentes, que en cierto modo son a la industria lo que el copyright a las obras de creación artística, se implantaron a mediados del XIX como sistema de protección que permitiera el desarrollo industrial y tecnológico.
Las industrias farmacéuticas, uno de los grupos económicos más importantes del mundo, arguyen que el tiempo de restricción de los derechos de patentes son la única garantía y aliciente para que puedan seguir investigando en nuevos productos.
Las cifras comparativas entre el beneficio derivado de las patentes, que permite mantener el precio internacional de mercado en cualquier punto del mundo, y las cantidades que dedican a la investigación hablan por sí solas. Las corporaciones farmacéuticas destinan solo entre un diez y un veinte por ciento de sus beneficios a la investigación, porcentaje bastante menor que el consignado para el mismo fin por el sector público. Además, paradójicamente, parte de esta inversión gubernamental es reabsorbida por las empresas mediante diversos mecanismos de apropiación, basados en acuerdos económicos con universidades y centros de investigación.
El paradigma más destacado del conflicto generado entre las patentes restrictivas y la posible libre distribución de medicamentos o, al menos, una más flexible, lo representa el SIDA. La Organización Mundial del Comercio (OMC) marca las directrices sobre las patentes y señala que todos los medicamentos, del mismo modo que otros productos, están sujetos a los derechos que éstas les otorgan, salvo en casos en los que gracias a la generosidad de la OMC se determina que existe una “emergencia nacional”.
El presidente Lula, en su momento, se saltó a la torera esa arbitraria y caritativa concesión de la OMC, y declaró nula la patente del retroviral Efavirenz de la multinacional Merck, Sharp&Dohme, porque se entendía que el derecho a la salud de sus ciudadanos está por encima de los intereses comerciales.
En 1997 Sudáfrica lo intentó. EEUU, con el único fin de que el precio de los medicamentos contra el SIDA no se alterara debido al desarrollo de otros genéricos, presionó al gobierno de la nación africana amenazándole con incluirle en la lista de países con sanciones comerciales. Unos años después, en el 2001, hicieron lo mismo cuarenta y una compañías farmacéuticas que llevaron al Gobierno Sudafricano a los tribunales por alterar sus derechos de patentes.
De nuevo, unos piensan más en la salud pública y el bienestar de los enfermos y otros, sobre todo, en el interés privado y el beneficio económico de sus accionistas.