ARTISTAS EN TIEMPOS DE PRECARIEDAD

Un nuevo año avanza inexorablemente y no parece que los asuntos de la economía que afecta a la vida cotidiana vayan a cambiar demasiado. La aparente recuperación, proclamada a bombo y platillo, se sigue haciendo en beneficio de esa abstracta macro-economía que tan bien manejan los que, no por casualidad, produjeron el caos financiero, primero; y después, para hacernos creer que lo iban a resolver, impusieron la “crisis” con sus medidas de ajuste en el sector público – apropiación privada de bienes del estado- y a costa de la austeridad y la mico-economía, pegada a la realidad más cotidiana, de las mayorías silenciadas. Mientras unos pocos son ahora más ricos y poderosos, el resto estamos perdiendo derechos sociales y tenemos que enfrentarnos a los costes de la vida cada vez con menos recursos. Esta no es una mera afirmación ideológica, sino datos confirmados por el reciente informe de Oxfam Intermón donde se afirma que la brecha salarial se ensancha cada vez más. Según esta ONG, la mayoría de los euros procedentes del crecimiento económico van a parar a los bolsillos de los más pudientes que consiguen embolsarse cuatro veces más dinero que la franja más pobre de la población.

Aunque la crisis ha supuesto un severo ajuste económico para gran parte de la población, en el sector público las artistas, trabajadores y autónomos culturales han sido sin duda los más afectados porque, los diez últimos años, los recursos públicos destinados al arte y la cultura han disminuido entre un 30% y un 50%. Tan sólo el Gobierno central ha reducido sus presupuestos de 1.225 millones de euros hasta los 801 euros del año pasado.

Esta reducción no es sólo consecuencia de un ajuste presupuestario, más o menos temporal, también responde a los ocultos intereses de privatización del sector y, en consecuencia, con la intención de ir traspasando, poco a poco, competencias al sector privado. Al fin y al cabo, en la lógica de las mentalidades más liquidacionistas y privatizadoras de nuestra clase política gobernante, el arte y la cultura no son tan necesarios como pudieran serlo otros servicios sociales, a los que también les han puesto fecha de caducidad, pero que todavía no se atreven a liquidar del todo. Sin embargo, para los que pensamos que, al contrario, son también sustanciales para el pleno desarrollo comunitario – sobre todo para la educación, la inteligencia colectiva y la riqueza cultural- nos preocupa que las diferentes administraciones no estén haciendo todo el esfuerzo necesario para detener el progresivo deterioro de las condiciones económicas en las que, tras recortes sucesivos, continúan instaladas las instituciones públicas dedicadas a la cultura y, sobre todo, para paliar la situación de extrema precariedad en la que sobreviven los agentes culturales que les dan pleno sentido.

Muchos de estos productores y creadoras –bastante más éstas por el paulatino proceso de feminización de la pobreza- podrían reconocerse en la descripción del precariado laboral que hace Guy Standing en El precariado. Una nueva clase social, cuando se refiere a la gente que tiene trabajos inestables y no llega a fin de mes (desde los becarios que trabajan de camareros hasta las migrantes en situación irregular que cuidan personas mayores o hacen venta ambulante en las calles): carácter discontinuo del trabajo, empleos temporales, amenazas permanentes de despido, inseguridad económica y, en general ingresos bajos, inestabilidad sistémica y flexibilidad extrema en sus condiciones contractuales, por tanto, también ausencia de derechos laborales, protecciones sociales regulares. Es decir, como nos recuerda Maite Aldaz en su texto “Institución arte y precariedad”, editado por Carmen Navarrete y Juan Vicente Aliaga y publicado en Producción artística en tiempos de precariado laboral la desregulación total de la vida. En definitiva una existencia fragilizada, con alta inestabilidad emocional, dando carta de naturaleza a la incertidumbre como modo de existencia.

Precisamente hace unos días, en Bilbao, se ha celebrado Prekariart, el primer congreso internacional sobre la precariedad y las alternativas en el trabajo del arte contemporáneo. En las jornadas, entre otros muchos asuntos, se ha puesto de manifiesto que las instituciones públicas, en una parte sustancial, núcleo fundamental sobre el que pivota gran parte de la economía del arte y la cultura – por lo menos en nuestro contexto- no solo no han combatido esa realidad sino que, sin ningún tipo de autocrítica, se han dejado llevar por las mismas dinámicas de desregulación y pauperización del sector. A lo que se añade la otra cara de la moneda, la pesada y, muchas veces, torpe y lenta burocracia que se interpone cada vez más entre la administración y la sociedad civil creativa a la que acaba desesperando y neutralizando. De esta manera, la administración pública, en lugar de ser ejemplarizante, se convierte en colaboradora complaciente de los procesos de precarización artística.

Parafraseando a Remedios Zafra en su reciente El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital, último premio Anagrama de ensayo, hablamos de una multitud de personas, alimentada de becarios sin sueldo, trabajos en prácticas no remunerados, contratados por horas e interinos, solitarios escritores de gran vocación, autónomos ilusionados, errantes, doctorandas embarazadas, colaboradores y críticos culturales, polivalentes artistas, comisarias y jóvenes permanentemente conectados que siempre “compiten” entre ellos para conseguir retribuciones dignas por su trabajo, muchas veces negándose unos a otras.

De esta manera, el sistema cultural funciona como un espejo donde se reflejan las mismas señas de identidad del capitalismo más depredador: emprendimiento, creatividad a coste cero, competitividad, mercantilización, flexibilización, individualización, precarización, etc. Actúa con la misma lógica productivista, acelerada y consumista, en demasiadas ocasiones espectacularizante –productos de venta fácil y rápido consumo- y en muchos casos vacía (producir por producir), muy alejada de una temporalidad más respetuosa con el trabajo digno y cuidador que permita cualificar mucho más los contenidos y sus procesos de producción.

No hay duda: si las instituciones culturales no tienen suficientes recursos públicos, ni herramientas jurídicas adecuadas, ni medios personales para abordar como es debido todos sus programas, deberían aplicar un principio básico de la ecología cultural: hacer menos, con mucho más tiempo, en adecuadas condiciones de producción y con una mejor y más justa redistribución de los recursos entre las creadoras y agentes culturales, que son precisamente los más afectados por la crisis, paradójicamente, el eslabón más importante y necesario de la cadena de valor.

En la investigación La actividad económica de los/las artistas en España, coordinado por los profesores Marta Pérez e Isidro López-Aparicio, el paisaje que se describe es desolador: «Más del 45% afirma que sus ingresos totales anuales, ya sea por actividades artísticas o de otra índole, se sitúa por debajo de los 8.000 euros, es decir, por debajo del salario mínimo interprofesional en España. De esos ingresos, los que proceden del arte tan solo llegan al 20%».

La mayoría de los artistas han vivido su vocación dentro de una permanente fragilidad económica, pero ahora ésta la atraviesa, la caracteriza y la define, más que nunca. Es cierto que en este sector, por su propia condición autónoma e independiente, los límites entre profesionalidad y amateurismo son confusos. Hay pocos artistas con dedicación plena y específica, ya que muchos suelen compaginar su trabajo con la enseñanza u otras labores derivadas de su experiencia y conocimiento; pero más allá de esa realidad difusa –donde el capitalismo cognitivo tiene uno de sus espejos- lo cierto es que las instituciones públicas, que tienen entre sus objetivos al apoyo al arte, o las privadas, que los promocionan en el mercado, recurren a ell@s para cubrir las necesidades de sus programas. Por tanto, se les reclama por su calidad artística y sus conocimientos, reconociendo así, de forma implícita su profesionalidad. En consecuencia, deberían ser tratados, tanto en el sector privado como en el público, con la misma dignidad que se merece cualquier otro profesional de otro sector que tiene, más o menos, regulados sus derechos o con los de los propios trabajadores estables de la institución o entidad que los acoge: contratación normalizada, según justas temporalidades pactadas en función de la duración de los proyectos acordados; remuneración neta digna; retribuciones que contemplen las obligaciones correspondientes a la seguridad social (seguro de enfermedad, maternidad, paternidad, invalidez, desempleo, pensiones), durante todo el proceso de trabajo (no sólo la fase final); adecuadas condiciones de trabajo, respeto profesional, regulación fiscal etc..

En definitiva, en concreto y con muchas más motivo, las diferentes administraciones públicas, en lugar de continuar siendo cómplices con las políticas de precarización, deberían ser las primeras en aceptar y aplicar, con todas las consecuencias, las históricas reclamaciones que durante años se han venido reivindicando desde el sector y que siempre se han ido postergando. La mayoría de ellas están perfectamente recogidas en los sucesivos borradores y propuestas para el desarrollo de un definitivo Estatuto del Artista que se ha presentado en el parlamento y que los últimos gobiernos han venido rechazando, uno tras otro.