Pasadas las últimas elecciones de Israel, se podría afirmar que, en relación con la cuestión palestina, todo seguirá siendo igual o parecido. Lo cual quiere decir que, en nombre de la soberanía y la auotodefensa, el nuevo gobierno seguirá aplicando las mismas políticas de represión sobre la población palestina y ocupación de sus territorios. Sin embargo, nunca nada es siempre igual. Es evidente que la presión internacional contra el gobierno de Netanyahu ha producido algunas fisuras en su bloque gubernamental.
Seguramente, una evidencia más de esa tensión política ha sido la concesión del Premio Nobel de este año a Navenethem Pillay, destacada jurista defensora del derecho internacional y en especial dedicada a la denuncia de cualquier genocidio. Esta ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, una de cuyas conclusiones fue certificar que las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes habían cometido genocidio contra los palestinos de la Franja de Gaza.
Si exceptuamos algunas elecciones muy politizadas y, paradójicamente, contrarias a su encomienda, se podría decir que el comité encargado de seleccionar a la persona ganadora del Premio Nobel de la Paz ha intentado responder a su misión: entregarlo a quien “haya trabajado más y mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz”, en palabras de su fundador.
Este reconocimiento siempre ha tenido un valor mucho más simbólico que pragmático, porque ni los ejércitos del mundo han disminuido -más bien todo lo contrario- ni la solidaridad internacional atraviesa por sus mejores momentos. Sin embargo, su simbología sigue siendo significativa en tanto en cuanto señala la complicada relación que el mundo tiene con la paz y la guerra.
La concesión del premio este año a la sudafricana Navi Pillay, podría considerarse como una clara contestación, incluso rectificación, a la anterior elección, la de la venezolana María Corina Machado que, en una actitud servil, entregó su medalla a Donald Trump, el principal cómplice y aliado de Netanyahu. Al presidente de los Estados Unidos, que en todas las ocasiones que puede se auto proclama merecedor de premio, enfurecido por el nuevo desplante que el comité del Nobel le ha hecho al negárselo explícitamente, no se le ha ocurrido otra cosa que descargar su frustración enfermiza contra la propia Pillay, en un intento de desacreditarla y, por supuesto, acusándola de odiar a Israel (evidentemente, esta retórica es la misma que la empleada en cualquier ocasión que alguien emite alguna mínima crítica al sionismo israelí). Quizás porque Trump, representante de uno de los países que carga con mayor número de muertes por violencia armada del mundo y, además, implicado en más guerras que ningún otro, ha decidido además sancionar a la Corte Penal Internacional, de la cual formó también parte Pillay. Su pataleta se inscribe en una profunda y peligrosa tendencia a reactivar los peores principios del nacionalismo excluyente y, de paso, negar la importancia del derecho internacional.
En el capítulo “¿De qué genocidio estamos hablando?”, de su reciente libro Gaza y el destino del mundo (Arpa, 2026) Santiago Alba Rico afirma que para garantizar que los derechos humanos sean respetados en todos los rincones del mundo la humanidad no tiene ningún recurso mejor que el derecho internacional, por muy frágil e impotente que nos parezca. De hecho, Pillay siempre ha pensado que, si se pone al servicio de la justicia, la ley puede tener un papel revolucionario, precisamente, contra las injusticias.
Esta misma disposición fue la que, tras la Segunda Guerra Mundial, llevó a los abogados judíos Hersch Lauterpacht y Raphael Lemkin a transformar el derecho internacional, creando los conceptos legales de crímenes contra la humanidad y genocidio, para responder jurídicamente a las atrocidades del nazismo y el Holocausto. En esencia, sus posiciones en defensa de los derechos internacionales de los individuos y de los grupos humanos, propusieron limitar las soberanías nacionales de los monarcas absolutos y dictadores cuando estuvieran en peligro la libertad y la supervivencia de las personas y las minorías. Como escribe Alba Rico, “al hablar de ‘soberanía’ pensamos siempre en la autodeterminación de los pueblos y los territorios, a los que imaginamos libres para decidir la administración de sus propios recursos. Pero en realidad el concepto también se ha utilizado, en sentido totalmente contrario, para reprimir a las propias poblaciones. La persecución de los gitanos, de los armenios, de los judíos, de los disidentes en general, ha sido inseparable de la aplicación del principio de no injerencia, es decir, de la prohibición de interferir en los asuntos internos de otro Estado, soberano a la hora de tratar bien o mal a sus propias poblaciones.”. En otro capítulo de su libro, que titula “A quién podemos castigar” escribe que “cuando Putin invade Ucrania, cuando Trump ataca Irán o bombardea las barcas de presuntos traficantes en el Caribe, cuando Netanyahu perpetra en Gaza su frío genocidio, no se está violando el derecho internacional; se está suspendiendo. Es un plan perfectamente premeditado que obedece a dos propósitos: el primero, el de generar un nuevo espacio en el que se puedan cometer todos los crímenes sin obstáculos; el segundo, eliminar el único marco institucional que podría castigarlos”
El escritor Yassin al-Haj Saleh, que pasó diecisiete años en las cárceles por su militancia en el partido comunista y contra la dictadura de los Asad, en su libro Siria, la revolución imposible (Ed. del oriente y del Mediterráneo, 2018) escribe en torno a esta noción de soberanía que, a sus ojos, siempre sería incompatible con la vida digna del ser humano. Señala que la vida digna es lo contrario de la vida superior o soberana que no puede realizarse sino en detrimento de las vidas inferiores subordinadas.
Contra esa forma de interpretar la soberanía se levantó el derecho internacional, subraya Alba Rico y añade: “el genocidio nazi sirvió para que, sobre el sufrimiento judío (y gitano y humano en general), se edificase el derecho internacional que nos ha guiado renqueante durante ochenta años y que hoy vemos sucumbir. El genocidio israelí debería servir para que, sobre el sufrimiento palestino (y humano en general), se construya, y no al contrario, un nuevo derecho internacional reformado, siguiendo, por ejemplo, la sugerencia de Luigi Ferrajoli, el gran jurista italiano, de una Constitución de la Tierra, un orden basado, por tanto, en la descolonización de las relaciones internacionales y en el imperio de la igualdad económica y civil de los seres humanos.”
