Categoría: Pensar Europa: ética y política

A pesar de todas las evidencias científicas, constatadas por demostraciones empíricas, cualquiera tiene la potestad de seguir pensando que el planeta Tierra es una interminable planicie, pero ese derecho no implica razón. Nadie puede negar a ningún semejante la capacidad de creencia o de fabulación, porque los seres humanos, como bien describió Nancy Huston en su libro del mismo título, somos La especie fabuladora, pero, a la vez, también tenemos facultades racionales para perseguir la verdad y reconocer las falsedades.

Podemos emitir opiniones, como este mismo artículo, o discrepar de su contenido, incluso publicar en las redes sociales cualquier tipo de información falsa, sin embargo, esas mentiras no generan conocimiento. Para que así sea, la información debe tener carácter fehaciente o forma alética, (para los filósofos griegos, la alétheia era el concepto que remitía a la sinceridad de los hechos, a la honestidad, a la buena fe, a lo que es evidente). Es decir, para que exista conocimiento, la información debe estar siempre compuesta de datos correctos y significativos, verosímiles, válidos y fácticos, aunque, por supuesto, estos puedan sean refutados, discutidos o rebatidos. Alguien puede creer que está convencido de algo y otra persona, con razón, hacerle ver que está equivocada pero en la dialéctica, a pesar de todo, la verdad se persigue. Por el contrario, la denominada “posverdad”, en esencia, es información errónea que se lanza con intención explícita de crear confusión y alterar el principio de veracidad. Se miente intencionadamente para crear confusión y enturbiar la veracidad de los hechos. De ese modo, se crea un caldo de cultivo propicio para los bulos. El terreno más fértil para las confrontaciones civiles es la pérdida del sentido común y de la razonable convivencia en la diferencia y el antagonismo.

Sin ir más lejos, uno de los giros de las derechas reaccionarias europeas y de la española, cada vez más presionada por la extrema derecha, es camuflar, blanquear, incluso negar la memoria histórica (unos de los casos más alarmantes son las opiniones de algunos miembros de Alternativa por Alemania, un partido ultranacionalista con tendencias racistas y xenófobas, que rechazan la trascendencia del holocausto perpetrado por los nazis contra los judíos). Es un peligro para la vida democrática en común abandonar el cultivo del buen criterio en el uso de la capacidad de juicio individual y, por supuesto, poner en cuestión de forma despreciable los acuerdos académicos –admitidos por la práctica unanimidad de profesionales de prestigio─ sobre los hechos históricos y los acontecimientos de nuestra memoria todavía viva. El derecho a la información veraz es también derecho al conocimiento, sin el cual no hay política democrática, ni plausible vida en común.

Por mucho que se empeñen los negacionistas de la memoria histórica, existen hechos que no se pueden negar. Como dice Emilio Silvia, presidente de la Asociación para la recuperación de la memoria histórica nadie puede poner en duda que el pasado catorce de abril se conmemoró el comienzo del periodo histórico, reconocido como Segunda República española. Tampoco negar que fue un régimen constitucional y parlamentario, con alternancia en el poder de tres gobiernos de diferente signo político, incluido uno de centro derecha. Es decir, que, como corresponde a cualquier régimen instituyente, con los aciertos y errores que se pudieran cometer, fue una democracia plena en el sentido que la tradición liberal parlamentaria le ha dado al término, perfectamente homologable a la actual, por mucho que desde determinadas posiciones ideológicas se empeñen en deslegitimarla, como lo hicieron en su época hasta conseguir que las fuerzas reaccionarias antirrepublicanas dieran un golpe de Estado militar, con el apoyo de los poderes económicos que no estaban dispuestos a perder privilegios.

Así que tampoco se puede negar que el dieciocho de julio de 1936 tuvo lugar una sedición militar o golpe de estado contra el gobierno constitucional de la República que condujo a la Guerra Civil. A pesar de los vanos intentos de borrar la memoria de aquellos hechos por parte de las fuerzas más reaccionarias del actual espectro político, nadie en su sano juicio puede negar que una vez finalizada la guerra se instauró un régimen antidemocrático, reconocible como una dictadura militar muy influenciada por el nacionalsocialismo alemán y el fascismo italiano. Como en casi todos los regímenes autoritarios, en esos cuarenta años de la historia de España, de gobierno ultranacionalista y católico bajo la dirección de Franco, su líder plenipotenciario, hubo una concentración de poder en los grupos sociales y económicos que apoyaron el golpe de Estado, a la vez que supuso una continua persecución y represión de todas aquellas personas que se opusieran al régimen. Esa tiempo de la historia de España se conoce como dictadura franquista.

Para neutralizar el olvido y evitar la reproducción de los episodios más trágicos de la historia, La Ley 20/2022 de Memoria Democrática persigue preservar la memoria de las víctimas de la Guerra y la dictadura franquista, a través del conocimiento de la verdad, el establecimiento de la justicia y el fomento de la reparación, así como la constitución de un deber de memoria de los poderes públicos para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política o totalitarismo. Además, condena por primera vez el golpe militar de julio de 1936 y la dictadura, asunto que hasta ahora se había soslayado, incomprensiblemente, en los diferentes gobiernos que se han sucedido en este último ciclo de gobiernos democráticos.

Francia fue una de los primeros grandes imperios modernos europeos. Desde el siglo XVI desplegó su dominio militar, económico, social y cultural sobre vastos territorios de América del norte y del sur, como de Asia. En la última fase colonial, ya hacia finales del siglo XIX, su presencia se extendió por gran parte de África occidental: Malí, Túnez, Marruecos, Senegal, Mauritania, Benín, Níger, Chad, Nigeria, Togo, Camerún, etc.

Una parte substancial de la riqueza, el progreso social y el desarrollo económico de Francia se debe a su historia colonial. Es decir, si en la actualidad es una de las naciones más poderosas del mundo es porque durante varios siglos impuso su dominio para apropiarse de tierras, extraer sus recursos, someter a la población, esclavizarla y, en largos procesos de explotación social y migraciones forzosas, convertirla en mano de obra barata para los sucesivos ciclos de industrialización y desarrollo económico de la metrópoli, el Estado francés. Sin toda esa fuerza laboral y vital –en la que se incluye la reproducción social de los cuidados, asumida por las mujeres que fueron llegando a lo largo de continuos procesos de reagrupación familiar─ sería impensable la actual economía de Francia y, mucho menos, su diversidad cultural, cuya sustancia constitutiva es intrínseca a la república francesa.

Aunque estos datos sean irrefutables, en las últimas elecciones mas de diez millones de personas, uno de cada tres franceses, han votado a favor de Agrupación Nacional, fuerza política profundamente nacionalista y euroescéptica que, mediante medidas de discriminación positiva en el acceso a la vivienda, al empleo y otras ayudas públicas, enarbola programas que, sin disimulo, dan prioridad a la “ciudadanía francesa” frente a la “extranjera”. A esas propuestas, con evidentes sesgos racistas, se añade de manera explícita una agenda antinmigración dirigida a evitar la llegada de más personas procedentes de otros lugares del mundo y a dificultar la legalización de las que no tengan documentos que les acredite la nacionalidad, incluso expulsándolos del país. Es una agenda política que reproducen la mayoría de los partidos ultraderechistas que están reemergiendo en Europa y cada vez más las fuerzas liberales y conservadoras.

Precisamente, por ese largo proceso colonial y otras políticas de movilidad migratoria, un 25% de la población francesa procede de diferentes lugares del mudo. Alrededor de quince millones de personas, integradas en su tejido demográfico tras un largo proceso histórico, son parte constitutiva de la república. A partir de esa realiad inapelable se concluye que, les guste más o menos a algunos recalcitrantes “blancos” racistas que persiguen la reconquista de una nación de ciudadanos de “sangre pura”, la diversidad de colores de piel de las francesas y franceses es una amalgama de vidas, de largo aliento histórico y profunda dignidad humana. 

No hay que mirar muy lejos para darse cuenta de que la realidad es mucho más tozuda que el inventado idealismo ultranacionalista de los visionarios racistas de siempre, peligrosos y violentos que vuelven a enarbolar las banderas fanáticas del odio. La diversidad de las formas sociales es estructural a la condición francesa y también a la europea. Estos días, en los que se está celebrando la Eurocopa, el torneo internacional de selecciones nacionales de fútbol, es fácil comprobar que una gran parte de los equipos de los países constituidos a partir de su historia colonial se nutre de futbolistas que pertenecen precisamente a ese fundamento histórico. Podría decirse que la mayoría de los componentes del equipo francés tiene ascendientes africanos y, quizás, muchos procedan de familias de extracción social humilde.

Como dice Asad Haider en Identidades mal entendidas. Raza y clase en el retorno del supremacismo blanco, (Traficantes de sueños, 2020) las estructuras de opresión del racismo y el patriarcado son indisolubles del orden económico y social. La raza como categoría general es una abstracción que la historia ha introducido en nuestras cabezas y constituye una manera errónea de entender la diversidad de los seres humanos. Si creemos que la raza es real y seguimos enmarcando las presencias transnacionales únicamente en debates sobre la identidad o el multiculturalismo, invisibilizamos las verdaderas relaciones económicas, sociales y culturales que producen el racismo. En este sentido, deberíamos entender que, más allá de la diversidad cultural, los regímenes de racialización son reales en tanto son el resultado de hechos históricos y sociales que crean la noción de inferioridad y  superioridad y, en consecuencia, generan estructuras institucionales de exclusión, subordinación y violencia que perduran hasta el presente.

Por mucho que Agrupación Nacional se invente concepciones puristas de una supuesta nación fundacional o pretenda reconducir el malestar social hacia políticas del odio, especialmente dirigidas a la población musulmana, nada ni nadie puede eludir la condición heterogénea de Francia, producto de un largo proceso histórico cuya complejidad social es el verdadero fundamento del Estado republicano, de cualquier Estado.