ARCHIVO, PATRIMONIO Y BIEN COMÚN

Hace seis años, el 9 de noviembre de 2011 se inundó Arteleku, el que fuera Centro de Arte y Cultura Contemporánea de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Una de esas experiencias institucionales públicas que se dejan atravesar y afectar por la vida y los deseos de sus habitantes. Aquel desastre natural y algunas decisiones políticas posteriores terminaron definitivamente con aquella pionera fábrica para artistas y espacio abierto al pensamiento crítico. Hace unos meses comenzaron las obras de construcción del nuevo barrio de Txomin Enea, una de cuyas plazas principales llevará el nombre de Arteleku, como pequeño homenaje a treinta años de historia de aquella institución artística y como huella indeleble de un tiempo pasado.

Ahora, un acuerdo entre el Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes de la Diputación, el Decanato de la Facultad de Bellas Artes de Bilbao y la Dirección de Acción Cultural de la EHU/UPV, con la colaboración de Tabakalera y su biblioteca de creación Ubik, permitirá que la memoria –“las memorias”, sería más correcto- el archivo y el patrimonio material e inmaterial de Arteleku se rehabilite y se ponga a disposición pública. Una memoria social -más que colectiva- recopiladora de múltiples fragmentos de microhistorias personales y comunitarias o de relatos subjetivos o narraciones, más o menos, objetivas.

Cada vez son más las instituciones públicas que incluyen entre sus objetivos la digitalización de su patrimonio, a la vez que comparten y promueven su distribución en el ámbito del dominio público. La propia Diputación cuenta con Gure Gipuzkoa, un excelente repositorio abierto de imágenes sobre el territorio. Además tiene previsto poner en marcha un renovado y ampliado portal, denominado MetaG, donde se recogerán prácticamente todos los materiales patrimoniales de las diferentes colecciones de la institución. Otro tanto se podría decir del Mapping Album del Museo Zumalakarregi, que a partir de grabados del siglo XIX de municipios de Euskal Herria, mostrando como se ha transformado el paisaje, invita a realizar un viaje hasta la actualidad. También es muy recomendable el archivo de la Fototeca de la Kutxa, donde se pueden consultar más de medio millón de fotografías desde finales del siglo XIX hasta nuestros días.

Se podrían poner muchos más ejemplo. Sin ir más lejos, hace unas semanas el Museo Reina Sofía, uno de cuyas preocupaciones principales es la atención a los archivos del común, presentó una prolífica página web con más de dos mil documentos relacionados con la historia y la permanente reactualización simbólica de Guernica, el célebre e icónico cuadro de Picasso; obra que en gran medida da consistencia conceptual a la colección del museo más importante de arte moderno y contemporáneo de España y unos de los más destacados del mundo.

Parafraseando a Jacques Derrida y su mil veces mencionado Mal de archivo. Una impresión freudiana, la cuestión del archivo no es materia del pasado, como alguien pudiera pensar cuando, de forma convencional, hace referencia al museo como una institución “académica” de convenciones patrimoniales. Muy al contrario, insiste el filósofo francés, es un asunto de futuro, la cuestión del futuro en sí mismo, de la responsabilidad con un mañana que pasa por pensar la inserción del sujeto/autor/propietario/patrón/patrimonio en una narración del nosotros inclusivo, capaz de superar el cierre identitario defensivo y la economía capitalista de la propiedad, en beneficio del bien común.

Elinor Ostrom, Nobel de Economía 2009, en sus investigaciones sobre la gestión “comunitaria” de los bienes colectivos globales como la atmósfera, el clima o el agua, además de las infraestructuras y servicios de pública utilidad, también plantea que se debería dedicar una mayor atención a las condiciones actuales de acceso al conocimiento, la comunicación cultural o científica. Según esta célebre politóloga estadounidense que, junto a Charlotte Hess, coordinó la conocida publicación Los bienes comunes del conocimiento, publicado por Traficantes de Sueños, cuantas más sean las personas que los comparten, mayores serán las ventajas para la sociedad. Se trata de beneficios generalizados que se traducen, por tanto, en una mejora de la calidad de vida y en un bienestar social global.

En este escenario de democratización de los saberes es donde hoy se deben pensar los objetivos de los servicios públicos relacionados con el conocimiento, fundamentalmente archivos, bibliotecas y museos. Sobre todo para aquellos que tienen interés en desarrollar políticas culturales que traten de ampliar la democracia real y la igualdad en nuestra sociedad. Los archivos no son almacenes pasivos de material antiguo, sino lugares activos en los que, aunque reflejan las relaciones de poder, este siempre se puede negociar y cuestionar, haciendo, deshaciendo y rehaciendo constantemente la materia del archivo y la lectura de la historia. El archivo es un crisol de la experiencia humana, un campo de batalla para el significado y su significación. Araceli Corbo, responsable de la Biblioteca y Centro de Documentación del MUSAC de León –que también tiene un notable repositorio digital- en el texto “El conocimiento de la memoria a través de la semántica del presente”, publicado por la Fundación Cerezales en Territorio Archivo, parafraseando a Alessandro Ludovico redactor jefe de Neural Magazine, afirma que un archivo que no se puede utilizar carece de sentido. En una era de acceso universal donde existe una cantidad inabarcable de contenidos, aquello que no puede ser visto, comentado y estudiado –añadiría compartido- está condenado a desaparecer.

No está de más recordar los cercamientos a los que está siendo sometido el conocimiento, a través de procesos salvajes de usurpación privativa, mediante constantes aplicaciones restrictivas del copyright. En una época de enorme volatilidad de la información y de la comunicación social, cuando la principal sospecha que nos acecha es la paulatina apropiación de nuestra subjetividad digital por parte de las grandes empresas del conocimiento, las instituciones públicas tienen el deber de garantizar que nuestro patrimonio seguirá siendo parte indisociable de los bienes comunes. Como regla general y principio básico de la democracia cultural, el estado y debería garantizar siempre y en cualquier caso el acceso libre y directo a todos los contenidos generados por todas sus instituciones públicas.

Como un ejercicio de cultura cívica y democrática, frente al peligro de privatización, invisibilización o abandono, los archivos de nuestro patrimonio deben ser construidos, gestionados, conservados y dispuestos para que cualquier persona, con independencia de criterios de adscripción nacional o de disponibilidad de recursos económicos, pueda consultar y hacer uso de sus contenidos. El acceso público, democrático y universal es tan importante como el propio archivo.